Frente a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la organización reclamará el 1 de marzo por el cese de las causas judiciales y detenciones. Además, solicitan que el gobierno bonaerense escuche los aportes realizados al proyecto de ley de cannabis, que fue presentado oficialmente a inicios de esta semana por Teresa García.
Las organizaciones que conforman el Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerense convocan a cultivadores y usuarios de cannabis, asociaciones, organizaciones sociales, sindicatos, referentes de Derechos Humanos y funcionarios a plantarse para exigir la inmediata sanción de la ley de cannabis de la provincia de Buenos Aires. La marcha será el lunes 1 de marzo a las 18 hs, ante la Legislatura bonaerense ubicada en Av. 7 entre 51 y 53, La Plata.
En el día de ayer, el conjunto de organizaciones presentó un nuevo pedido de audiencia con el gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de solicitar el cese a la persecución y el hostigamiento a los usuarios y cultivadores de cannabis, junto con la participación en la discusión del proyecto de ley provincial de cannabis para la salud. El Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerense se encuentra conformado por 57 colectivos. “Celebramos el anteproyecto que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof, donde fundamenta la importancia del cannabis y el cáñamo para la Salud, el desarrollo económico y productivo de la provincia”, expresaron en un comunicado, pero lo cierto es que se realizaron observaciones y aportes a la iniciativa del Poder Ejecutivo bonaerense y aún no fueron escuchados.
Un punto de la propuesta presentada al gobierno es que los representantes de las agrupaciones civiles, previstos en la conformación de la Agencia Provincial del Cannabis, sean elegidos por votación entre todas las agrupaciones cannábicas bonaerenses.
En cuanto a la incumbencia médica, el Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerense sostiene que el concepto de indicación médica no debe ser un obstáculo para la garantía en el acceso seguro al cannabis y sus derivados y piden “ampliar a equipos interdisciplinarios integrados por sociedad médica, científica y civil”. A su vez, demandan que la Agencia Provincial del Cannabis pueda brindar opciones a quienes no poseen una indicación médica, como por ejemplo la entrega de una declaración jurada que justifique la necesidad de uso de la planta de cannabis o sus derivados.
Las contribuciones que se han presentado tienen el objetivo de que “el resultado final muestre una ley justa y que alcance un beneficio colectivo”, que pueda comprender lo que sucede en la práctica con una cantidad significativa de cultivadores y usuarios que ven vulnerados sus derechos y necesitan de un marco regulatorio que les garantice el acceso a sus tratamientos sin temor a la persecución de las fuerzas de seguridad. “Es hora de que los cultivadores y usuarios de cannabis salgamos de la clandestinidad”, subrayaron.
El pedido está enmarcado en un contexto que resulta paradójico: se aprueban marcos normativos que en sus textos apuntan a garantizar el derecho de acceder al cannabis para la salud, pero la noticia de cada día es una nueva detención o una nueva causa judicial por tenencia, cultivo, almacenamiento y/o traslado de cannabis. A nivel nacional, organizaciones se encuentran trabajando en una petición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, enfocada en exigir el sobreseimiento y cese a la persecución a usuarios y cultivadores que, de una vez, pueda unir la letra con la acción y evitar la vulneración sistemática de los derechos ya adquiridos. La Confederación Cannábica de Argentina va a marchar al ministerio con el mismo objectivo.