Buscaron responder a preguntas clave como ¿qué forma debería tener la agencia regulatoria del cannabis?, ¿cuáles deben ser los estándares de calidad?, ¿cómo formalizar la producción nacional?, ¿cómo contribuir a la economía del cuidado?, ¿cómo adaptar las regulaciones al interior del país? y ¿cómo innovar, diferenciar y agregar valor al cannabis criollo?

Innovar el Cannabis Argentino

María Apólito, ex subsecretaria de economía del conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, propuso que el cannabis argentino gane competitividad por vía de la innovación, creando nuevos servicios y soluciones para el mercado.

Apolito invierte la receta tradicional argentina que propone competir bajando costos y aclara: “En un mundo como el de hoy, apostar a la innovación y pensar cómo mejorar un producto servicio o proceso es parte de la competitividad de cualquier industria y sector”.

Asimismo, aclaró que los beneficios de agregar valor mediante la innovación se extienden mucho más allá del sector, hacia otras industrias y hacia el territorio donde se asientan las empresas.

Apolito explicó que la Argentina cuenta con esquemas de incentivos a la innovación que pueden servir al cannabis, como la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento 27506 y los descuentos de ganancias. “Las empresas que realizan estas actividades permiten lograr competitividad con una baja en impuestos”, aclaró.

SENASA: certificaciones para productores locales

Si de competitividad se trata, las certificaciones son clave. Sin certificaciones es imposible crear un mercado y empleos formales, agregar valor o competir.

Por eso, el Ingeniero Sebastian Gómez, Coordinador del Registro de Fitosanitarios de la Dirección Nacional de Agroquímicos y Biológicos, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo encargado de ejecutar políticas nacionales en materia de sanidad e inocuidad de los alimentos, se refirió a la importancia de contar con controles de calidad que garanticen la inocuidad de los productos primarios como el cannabis.

“Se está trabajando fuertemente desde el SENASA para regular de una manera que potencie al productor local y lo ponga a la vanguardia”, explicó Gómez. El 24 de julio, el SENASA conformó una mesa estratégica de cannabis y cáñamo industrial, por representantes de diferentes áreas del estado por dentro y fuera del organismo para coordinar la fiscalización del sector.

“No vamos a tener productos de cannabis si no tenemos primero insumos certificados técnicamente, que no dañen al humano o al medio ambiente. Las regulaciones pueden ser aliadas, regulando el mercado, protegiendo al productor y al consumidor. Por eso es importante aliarse con el SENASA”, agregó el ingeniero agrónomo.

El docente de terapéutica vegetal de la UNLP afirmó que hace falta motorizar el sector académico para formalizar conocimiento de ámbitos de la cultura popular [del cannabis]. En sus palabras: “Debemos interpretar y aprovechar para generar estándares de calidad de productos que atienda a usuarios del mercado interno y para exportar”.

Estándares representativos

Benjamin Enrici, presidente de Agrogenética Riojana, una empresa que produce cannabis medicinal en la provincia, se enfocó en tres aspectos fundamentales: los estándares de calidad de la industria; la creación de la ARICCAME, la agencia gubernamental que fiscalizará la producción nacional de cannabis; y la defensa de la Ley 27.669 como política de estado, más allá de los ciclos electorales. Asimismo, habló de la necesidad de representar “a todos los sectores de la cadena de valor” y de “marcar cual es la tipología y el tipo de “estándares de calidad” que se necesitan para la industria. “Existe un mercado informal que mueve millones de USD en productos de cannabis. El desafío es transformar el mercado ilegal en legal y, a la vez, desarrollar una industria de exportación con correcta vigilancia sanitaria”, agregó Enrici.

Con respecto al potencial generador de empleo de la industria, advirtió que no se trata de 10.000 puestos de trabajo [como trascendió en un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo en 2021] sino de, al menos, 50.000 en seis meses. “Es el mayor capital político de esta ley. No hay en esta coyuntura una ley que genere más rédito político que el cannabis”, explicó.

Asimismo, argumentó a favor de reglamentar “diferenciando norma y calidad según mercados” [interno/externo], “con categorías simples y flexibles que contengan al escenario actual y futuro”, en referencia a la potencial legalización del uso adulto del cannabis.

Un esquema de reglamentación

Enrici propuso dividir las categorías de productos de cannabis a reglamentar según:

• Semillas (con alto/bajo potencial psicoactivo), productos no psicoactivos, productos psicoactivos, comercio exterior de materias primas y productos, y análisis.
• Productos no psicoactivos de más de 1% de THC (para exportación) y más de 3% de THC, considerados como producción primaria con fines de consumo humano (alimentos y terapéuticos), producción primaria con fines industriales, industrialización con fines de consumo humano, e industrialización con fines de uso no humano.
• Psicoactivos con menos de 3% de THC para la producción primaria con fines terapéuticos y medicinales, e industrialización con fines medicinales y terapéuticos, mientras que los productos psicoactivos con más de 3% de THC quedaría sujeto a debate. En ese caso, la propuesta contempla la producción primaria, la industrialización y la dispensa de cannabis de uso adulto. Es decir, minoristas de cannabis, el segmento más dinámico Y que más empleo crea.

“No se trata de límites de licencias, se trata de categorías de productos y estándares de calidad y estudios de factibilidad. El Directorio de la ARICCAME debería trabajar con los distintos sectores para el mercado interno”, remarcó Enrici. “Lo que tenemos para explotar en Argentina nos basta para evolucionar”, aclaró, en torno a la posibilidad de usar el mercado interno de cannabis como plataforma, o trampolín para las PYMES. En rigor, que las firmas de cannabis orientadas al mercado interno puedan competir con sus pares, ganar liquidez y rentabilidad para innovar y conquistar otros mercados.

Cannabis Argentina como marca oficial para el mundo

Si bien los estándares son fundamentales para la industria, también fijan ciertos requisitos que pueden ser muy costosos y difíciles de afrontar para las PYMES. Por eso, la distinción entre mercado interno y externo, resulta fundamental para fijar estándares equitativos que permitan la inserción de todos los agentes de la cadena de valor del cannabis argentino.

A esto se refirió Gabriel Gimenez, Director Nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Gimenez habló de la coyuntura política y la disputa por la reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal e Industrial, las prioridades de las economías regionales y los pequeños productores nacionales y la necesidad de contar con un desarrollo federal de la industria que atienda a las necesidades (y reconozca los matices) del interior de la Argentina.

“Las reglamentaciones son tan o más importantes que las leyes”, dijo, apuntando desde un comienzo a la importancia de atender a prioridades del desarrollo regional. “El problema es la discusión de reglamentaciones que no corresponden con el contexto nacional como ‘’¿cuáles van a ser los niveles de THC?’ Esa no es la discusión, la discusión es cuáles son los actores de la cadena de valor del cannabis argentino, [el modelo] que garantice que los emprendedores en la ilegalidad estén en la legalidad”, dijo Gimenez en referencia a la economía política del sector, es decir, ‘¿quién participa?’ y ‘¿cuánto se lleva?’.

“Esta es una industria que hay que crear desde cero, que tiene una industria informal. La economía del cannabis demuestra que los modelos con mayor desarrollo tienen dimensión nacional y heterogeneidad económica como es el caso de EEUU”, aclaró Gimenez dando cuenta del potencial de la industria para firmas de distinto calibre. Gimenez entiende al cannabis como algo más que una fuente de aceite farmacéutico para exportación. En parte, considera al cannabis como un producto cultural de las regiones de la Argentina. Alumbra así el potencial de marca e identidad que puede adquirir la cadena de valor del cannabis en cada región, diferenciando al producto.

“El cannabis tiene una profunda identidad territorial. Ese es el potencial que tiene la industria nacional. Tenemos la oportunidad de poner a los trabajadores, las economías regionales y el asociativismo en el centro de la política”. Además, destacó el marco regulatorio argentino que permite registrar semillas de cannabis, al que calificó como “único en el mundo” y “a tono con el nivel de punta de la industria semillera argentina, que provée el 70% de las semillas nacionales”. “La industria arranca con la certificación de semillas que da el INASE. A fin de año vamos a tener más de una docena de variedades nacionales. Buscamos proteger la industria, no dolarizar el producto desde el inicio de la cadena de valor”, agregó el Director Nacional.

“Valor agregado desde el inicio de la cadena es poner en valor al ‘Cannabis Argentino’ como marca oficial para el mundo”, concluyó.

Una agencia con perspectiva de género y diversidad

Nadia Podsiadlo, abogada, militante y vicepresidenta de la Cámara de Cannabis de Córdoba destacó que la reglamentación de la Ley será clave para que la industria tenga un efecto reparador en las comunidades perjudicadas por la persecución del cannabis, la pobreza estructural y la exclusión social. Propuso a la futura agencia la consideración de mujeres, personas trans, disidencias, madres solas con hijos a cargo, mujeres criminalizadas por cultivo medicinal de cannabis y pueblos originarios.

Asimismo, habló de la necesidad de reconocer en la ley a la economía del cuidado. “Trabajo no remunerado, que afecta principalmente a mujeres en situación de precariedad laboral”, explicó, remarcando que “la brecha salarial entre hombres y mujeres en Argentina excede el 26%”. Destacó el rol de las mujeres trabajadoras de la tierra en la recuperación de saberes ancestrales ligados a la agroecología y remarcó que las mujeres representan un porcentaje menor del empleo industrial formal y ocupan un porcentaje ínfimo de puestos jerárquicos.

Hacia el cierre: Brasil, soja, ‘funcionarios malvineros’ y una reglamentación en disputa

Leandro Ayala, presidente de la Confederación Cannabica Argentina, empresario y militante por la legalización, cerró el encuentro manifestando la voluntad política de la organización de “dar la disputa del destino de la industria aportando una expertise desde la realidad de los emprendedores del sector”. Entretanto, resaltó el valor del cáñamo para el interior del país y la necesidad de tomar en cuenta las diferencias y capacidades entre regiones. “Es necesario que las cámaras de la industria representan estas distintas realidades a la hora de defender la viabilidad de los proyectos ante la ARICCAME”, dijo Ayala.

Destacó que el hecho de hacer el evento en la CAME no era coincidencia. La idea es demostrar a los empresarios que la Argentina está viendo el nacimiento de un nuevo vertical. “Estamos tratando de abrir nuevos caminos de la mano de la CAME para las PyMEs. ¿Cómo tener una cadena de valor integral, sin cuellos de botella? Eso hay que debatir en la ARICCAME”, agregó.

Hacia el plano regional, Ayala advirtió que a medida que la regulación del cannabis avanza en Brasil, el país representa un mercado potencial de más de 200 millones de habitantes, que bien podrían servirse del cannabis argentino con certificación internacional. Recordó la brecha cambiaria entre el real y el peso y el potencial del Mercosur para impulsar el comercio bilateral.

“Podía ser un mercado potencial y un gran jugador”, aclaró, advirtiendo la ventaja estratégica con la que cuenta la Argentina al regular la producción del cannabis, mientras que Brasil todavía debe importar productos de este tipo. En el plano interno, Ayala habló de persuadir las cámaras del sector agroalimentario. Para graficar mejor el potencial de la nueva industria, buscó trazar algunos paralelos entre la cadena de valor de la soja y del cannabis. Destacó que si bien hay 16 millones de soja sembrada, el precio de la tonelada estaba fijado en USD 565 mientras que el del cannabis se situaba por arriba de los USD 185.000, (en promedio según ventas desde Uruguay a Suiza) y USD 2 millones la tonelada de extracción (exportadas desde Colombia).

“Mientras que la cadena de valor de la soja emplea 2 personas cada 100 hectáreas, el cannabis emplea 1400”. Así las cosas, ponderó el aporte de los organismos fiscalizadores en el establecimiento de reglas que mantienen el prestigio de la industria nacional y adelantó la necesidad de tener una agencia que sea “facilitadora de negocios, no solo fiscalizadora” y que la habilitación de proyectos en el interior del país no dependa de “algo más que un estudio de factibilidad”. De este modo, apunta a que en la ARICCAME debe primar un enfoque federal y estratégico a la hora de autorizar proyectos productivos para el desarrollo regional. “En la ARICCAME debe haber un cupo para los microemprendedores”, dijo Ayala y apuntó a la militancia para “garantizar que la industria sea para todos”. Llamó a modificar la Ley de Drogas 23.737, crear un estatuto del trabajador cannábico, un fondo fiduciario para para la aceleración de pequeños proyectos y a tener una ley de uso adulto del cannabis.

“El verdadero negocio está en el uso adulto del cannabis, que va a demandar mayores fuentes de trabajo. Para eso vamos a bancar a funcionarios malvineros, que no tengan miedo de firmar una resolución”, sumó. Y concluyó: “Vamos a dar un mensaje fuerte. En marzo 2023 queremos hacer la expo en Tecnópolis para mandar un mensaje a la región. La Argentina va a liderar este sector, no quiero funcionarios que tengan miedo a firmar”.

Por Nicolás José Rodriguez - El Planteo