A través de un informe denominado “Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo: 2020 - 2023”, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación realizó un diagnóstico del entramado económico ligado a la producción en Argentina y trazó tanto objetivos como ejes de acción. Algunos de esos puntos se encuentran vinculados a la promoción del empleo formal y de calidad, el desarrollo territorial equitativo, la reactivación con la mirada puesta fuertemente en la industria nacional, la innovación tecnológica, un acceso al financiamiento razonable, una política de producción sostenible desde lo ambiental y desde lo social, entre otros.

En este marco, y como parte de las “nuevas agendas para la ampliación de la matriz productiva y el cambio estructural”, la cartera conducida por Matías Kulfas se propone pensar en el cannabis medicinal y en el cáñamo industrial en la estrategia general. El documento aborda distintos aspectos de relevancia que abarcan la experiencia internacional en materia legislativa y de mercado, las ventajas que tiene el país para desarrollar la industria, la importancia de consolidar un esquema integral para la regulación y para la entrega de licencias y demás cuestiones.

Como es de público conocimiento, queda pendiente de su tratamiento en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para regular esta industria. Esta iniciativa prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo ante el que deberán remitirse quienes busquen producir y que establecerá los requisitos de control y seguimiento, pero donde “también habrá una fuerte y temprana articulación con reguladores financieros” con el fin de subsanar una de las mayores dificultades que ha enfrentado la industria a nivel internacional, que es el acceso al financiamiento.

La Agencia, en este marco, tendrá el deber de generar convenios con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Aduana (AFIP-Aduana), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la UIF (Unidad de Investigación Financiera), entre otros entes públicos. A su vez, involucrará a los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud, de Agricultura, de Seguridad y de Ciencia y Tecnología, como así también la ANMAT, el SENASA, el INASE, la ANLAP, el INTA, el INTI, en tanto deberá articular las políticas de seguimiento con las provincias.

En cuanto a las posibilidades de Argentina para la incorporación a la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, la cartera productiva indicó que nuestro país “presentará muy buenas posibilidades de seguir un sendero de convergencia (catching-up) frente a los competidores regionales inmediatos que avanzaron antes en la puesta en marcha del sector (Uruguay y Colombia)”. En este sentido, destacaron las capacidades tecnológicas en el ámbito agrícola, la extensa red de laboratorios nacionales y el complejo científico tecnológico nacional, además de poder tomar las lecciones aprendidas en materia legislativa que han impulsado otros países que ingresaron antes.

Como en cada oportunidad que tienen desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, el informe asegura que “la cadena productiva del cannabis medicinal no se limita a su dimensión primaria” y que incluye servicios intensivos en conocimiento tanto en la tecnología agropecuaria (genética de semillas y otros procesos) como en la elaboración y mantenimiento de sistemas de trazabilidad y calidad. Es por esto que, auguran, el mayor porcentaje de puestos de trabajo creados por esta industria se encuentren vinculados a esas etapas.

El documento apunta directamente a datos duros, como el crecimiento exponencial de la producción mundial del cannabis legal. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en el año 2000 el número era de 1,4 toneladas; en 2010, de 9,3 toneladas y, en 2018, de 290 toneladas. Por supuesto, el consumo mundial de cannabis legal experimentó un crecimiento de las mismas características: de 5 mil millones de dólares en 2015 a 15 mil millones en 2019, con una proyección para 2024 de 40 mil millones de dólares, de acuerdo a un informe de las consultoras Arcview Market Research y BDS Analytics. Otra variable que utilizó el Ministerio para graficar el ascenso del sector tiene que ver con el desarrollo de nuevas genéticas de la planta: datos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) aseguran que entre 2017 y 2019 se registraron más de 470 solicitudes de derechos de propiedad, mientras que hasta 2016 tenían un total acumulado de 320 variedades.

A su vez, aseguraron que el mercado del cáñamo industrial alcanzó un total de 4600 millones de dólares en 2019, con una estimación de crecimiento del 30% anual para los años siguientes, y que el 80% de su valor de mercado se compone de cinco rubros: textiles, alimentos, bebidas, fármacos y productos de cuidado personal.

Si bien el documento afirma que el comercio internacional de cannabis y derivados es “todavía limitado”, la cartera productiva asegura que hay una expectativa compartida respecto a la modificación de este escenario. Algunos de los factores que colaborarían con esos cambios tienen que ver con recabar mayor evidencia científica sobre el cannabis para la salud, el descenso de la perspectiva prohibicionista en muchas legislaciones nacionales y una reducción de los obstáculos para acceder a servicios bancarios y de seguros.