Desde fuertes avances productivos y de investigación en cannabis medicinal hasta la falta de profesionales de la salud que prescriban tratamientos con los derivados de la planta, las provincias que conforman la región del Noreste argentino (NEA) presentan realidades muy heterogéneas. La situación en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa.
La región del Noreste argentino (NEA), que contiene a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa, presenta un panorama cannábico más que variopinto. Mientras Misiones se encuentra en un camino definido hacia la producción pública de cannabis para la salud, Corrientes y Entre Ríos desarrollan investigaciones en torno a la planta con fines terapéuticos. Chaco tiene un proyecto en trámite ingresado en su legislatura, en tanto Formosa no cuenta con adhesión a la Ley 27350 ni tampoco hay un horizonte que en el corto plazo implique un avance al respecto.
En Misiones, Biofábrica avanza en el aspecto medicinal. La empresa obtuvo los primeros brotes en el cultivo indoor y auguran los primeros aceites para finales de este año. Prevén que, luego de contar con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), podrán encarar la distribución gratuita en los centros de salud mediante la empresa estatal Misio Pharma, creada en 2020. Para acceder a los productos, quienes los soliciten deberán contar con una prescripción médica.
El desarrollo de esta iniciativa se enfoca en un estricto control del proceso de crecimiento del cultivo, como la luz, la humedad, temperatura y riego, entre otras. etc. Biofábrica Misiones también es la encargada del proceso de extracción, en tanto Misio Pharma se aboca a la producción de los medicamentos y su distribución. El objetivo, además del abastecimiento al sistema de salud provincial, es posicionar al sector del cannabis como un nuevo commodity, donde se destaca el potencial climático para el cultivo y su rendimiento. En este aspecto, desde la empresa aseguran que podrían asegurar en 2022 la producción local de cannabis medicinal y escalarla industrialmente para exportaciones.
Desde 2018, Corrientes se encuentra adherida a lo establecido por la Ley 27350 para la investigación médica y científica del cannabis medicinal. La provincia, además, cuenta desde el pasado mes de abril con un decreto reglamentario de las funciones del Instituto de Producción, Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de Corrientes (ICAMECOR), que prevé la realización de un plan piloto en el que se trabajará la introducción de semillas, la reproducción y la evaluación de especies, así como el cultivo tanto en invernadero como a campo y en laboratorio, más la extracción del aceite, en una primera etapa.
Asimismo, el proyecto de la empresa correntina Brest y Brest S. R. L. en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE - CONICET) fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación. El fin de esta iniciativa es el desarrollo de técnicas de micropropagación de las variedades y el desarrollo del perfil genético, bajo estrictos estándares de calidad y control. El objetivo es, también, establecer protocolos de micropropagación que permitan una alta tasa de multiplicación y estabilidad, así como el monitoreo de la estabilidad genética de las plantas producidas in vitro. Como inicio, se combinará la experimentación con cultivos a campo e indoor, con dos variedades y dos niveles de luz (únicamente natural y natural + Radiación Fotosintéticamente Activa).
La provincia de Entre Ríos invirtió 1,7 millones de pesos para avances científicos en el cannabis medicinal, mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de Entre Ríos. El objetivo es fortalecer la capacidad de laboratorios de instituciones públicas.
A su vez, sancionó una ley para el acceso al cannabis medicinal que autoriza la siembra, el cultivo, el transporte, el almacenamiento y la producción de cannabis y derivados para quienes cultiven para sí o para terceros con recomendación médica. La legislación también se lo permite al Estado provincial, municipios y comunas; a organismos de ciencia y tecnología gubernamentales; centros de investigación; laboratorios públicos; universidades públicas; asociaciones civiles; fundaciones; mutuales y cooperativas. La normativa excluye de estas etapas a las sociedades comerciales (laboratorios privados), que se encuentran únicamente habilitadas para la producción de fitopreparados y formulaciones magistrales y su posterior comercialización, si funcionan bajo la forma de farmacias.
Por su parte, se garantiza en la provincia el testeo cromatográfico gratis en aquellas preparaciones realizadas por personas humanas y jurídicas autorizadas y se establece la creación del Banco de aceite de cannabis, semillas y derivados del cannabis, que se encarga de la provisión gratuita de las semillas a los sujetos contemplados en la ley.
Chaco cuenta con la adhesión a la Ley 27350 desde fines de 2017, pero su articulado no define situaciones específicas en territorio provincial. Sin embargo, se encuentra presentado desde el año pasado un proyecto de ley que regule el acceso al cannabis para la salud. Entre otras cuestiones, se busca regular las autorizaciones para el cultivo personal, con prescripción médica; a la vez que prevé la creación de un Registro de Cultivadores Solidarios, Cannabicultores y Familias del Cannabis y sus derivados, con el fin de otorgar licencias de cultivo y producción en forma confidencial.
El proyecto indica que, para garantizar el acceso público al cannabis para la salud, se incluyen medios tales como los elaborados por “laboratorios de Producción Pública nucleados en ANLAP, laboratorios públicos dependientes de Universidades Públicas u organismos de Ciencia y Técnica”, así como por laboratorios mixtos o privados registrados ante el Ministerio de Salud chaqueño y farmacias habilitadas para la realización de formulaciones magistrales.
Finalizando el recorrido por el NEA, Formosa no cuenta aún ni con una adhesión a la ley nacional ni con una ley provincial para el acceso al cannabis para la salud. La Defensoría del Pueblo formoseña, en conjunto con padres de niños y niñas con diversas afecciones, aseguraron que no existen profesionales en la provincia que prescriban cannabis para tratamientos por fuera de la epilepsia refractaria, situación que impide en otras patologías el acceso a tratamientos seguros y de calidad.