Argentina ha tenido grandes avances durante los últimos meses en lo que a cannabis para la salud y cáñamo industrial respecta. Cuáles son esos avances y qué cosas quedan por hacer en un país donde la voluntad política y la lucha de las organizaciones civiles han estrechado un lazo fuerte.
En los últimos años, el cannabis medicinal ha tomado un fuerte protagonismo en la agenda social, mediática y legislativa. La aprobación en 2017 de la Ley 27.350 tuvo sus aspectos positivos, pero dejó sabor a poco. Las organizaciones vinculadas al uso terapéutico del cannabis han trabajado sin descanso para construir una nueva regulación que amplíe las autorizaciones de uso y se encuentre atravesada por una lógica no prohibicionista. El actual gobierno nacional tomó nota y construyó un borrador que finalmente tuvo la firma del Presidente de la Nación, el pasado 12 de noviembre.
Sin embargo, existe un aspecto del cannabis que tuvo pequeños avances hasta hace pocos meses parecía no haber sido muy explorado: el cáñamo con fines industriales. El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, conducido por Matías Kulfas, había dado algunas señales sobre la importancia del sector para la recuperación económica de la Argentina. Asimismo, en el mes de octubre, la diputada nacional Mara Brawer (Frente de Todos) presentó en el Congreso un proyecto que fue articulado con las organizaciones civiles y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encabezado por Luis Basterra. La iniciativa es promisoria, pero aún se encuentra iniciando su camino legislativo.
Cannabis para la salud: panorama actual y perspectivas futuras
En la Argentina, desde 2017, se encuentra la Ley 27.350 que regula el uso medicinal de la planta de cannabis e impulsa la investigación médica y científica para ese fin. Durante los últimos días, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó el autocultivo con fines medicinales mediante el Decreto 388/2020. Se agrega, en esta nueva reglamentación, la venta de aceites en farmacias, la producción pública y la ampliación de las patologías que podrían ser tratadas con el producto, debido a que la Ley, hasta ese momento, avalaba el uso medicinal del cannabis para el tratamiento de la epilepsia refractaria. El Ministro de Salud Ginés González García aseguró que “a mediados de enero detectamos los daños que había causado un estado ausente. No se atendía la demanda y no se garantizaba acceso” al cannabis con fines terapéuticos.
Las organizaciones civiles que luchan por una Ley de Cannabis para la Salud que asegure el derecho a tratamientos asequibles y seguros han celebrado la nueva medida. Mamá Cultiva, una de las mayores referencias en el área, ha calificado esto como un gran avance para una reglamentación más amplia que rompa con la lógica prejuiciosa que generó la prohibición. “Esta nueva etapa de la 27.350 comienza a reparar la injusticia de la persecución y la estigmatización a la planta de cannabis, la cual nos trajo calidad de vida a muchísimas personas”, expresaron desde la organización.
A su vez, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió el pasado jueves al Decreto firmado horas antes por el presidente Alberto Fernández y fijó un marco regulatorio para el acceso informado y seguro, la investigación, el uso científico y la producción pública del cannabis y sus derivados como recurso terapéutico en el ámbito de la Ciudad. La legisladora del Frente de Todos María Rosa Muiños, impulsora de esta Ley aprobada por unanimidad, aseguró que “se ha mejorado y dado una normativa de avanzada que, en consonancia con la adhesión de la Ciudad, va a garantizar el acceso efectivo a tratamientos de salud para las personas que lo necesiten”.
“Queremos que la Ciudad garantice el derecho a la salud en lugar de criminalizar la utilización de cannabis con fines medicinales, ya que en los últimos años, tanto la ciencia como la medicina, han comenzado a divulgar sus efectos positivos para determinadas dolencias, epilepsia refractaria, espasticidad y espasmos dolorosos en esclerosis múltiple, reducción de náuseas y vómitos. Este es un paso esencial, pero es el primero. Necesitamos llegar a más consensos para lograr una Ley todavía mejor”, sostuvo Muiños.
La normativa dispone que el Ministerio de Salud porteño, como autoridad de aplicación, promoverá “la investigación y capacitación de la siembra, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”, e impulsará “estudios e investigaciones clínicas para profundizar conocimientos y crear nuevos saberes”, que incluyan la participación de asociaciones civiles; entes estatales, como hospitales públicos y universidades; y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
El panorama para el cannabis de uso medicinal es más que promisorio. A este gran paso que se dio desde el Ministerio de Salud de la Nación, se le suma la iniciativa propuesta en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por Carolina Gaillard, que contiene un marco más amplio e integral en la materia. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el que aborda la importancia de generar las condiciones para desarrollar la industria del cannabis destinado a la salud, comprendiéndola como una fuente de generación de empleo genuino y, potencialmente, de ingresos de divisas a nuestro país.
¿Cuál es la situación del cáñamo industrial en Argentina?
La Diputada Mara Brawer, del Frente de Todos, presentó en el Congreso un proyecto de Ley para el desarrollo productivo del cáñamo, cáñamo industrial y/u hortícola, que actualmente se encuentra disponible para el debate en las Comisiones de Legislación General y de Agricultura y Ganadería.
La propuesta fue trabajada en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con organizaciones civiles, como Proyecto Cáñamo y la Cámara Argentina del Cannabis.
Es importante destacar que la iniciativa define como cáñamo a la planta de Cannabis sativa con el máximo de 1% de THC. Esto permitirá un margen a los productores para trabajar con la planta y tiene en cuenta el incipiente desarrollo de la industria en Argentina.
Asimismo, prevé la explotación de toda la planta con fines industriales y coloca al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y sus entes descentralizados como autoridades de aplicación en lo que respecta a licencias de producción, comercialización y exportación.
En los fundamentos presentados en el proyecto de Ley, se ubica al cáñamo como “una excelente alternativa productiva para diversificar y dinamizar el sector agrícola, particularmente en un país tan altamente jerarquizado en la temática como el nuestro, considerando a los distintos sectores económicos; desde empresas de gran envergadura como también a los/as pequeño/as productores/as y a las cooperativas de agricultura familiar, campesina e indígena”.
El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, expresó públicamente que la industria vinculada al cannabis “es una actividad que puede generar mucho desarrollo en el interior del país con salida exportadora” y reafirmó que “el cannabis tiene usos industriales muy importantes y entendemos que puede ser un área de desarrollo productivo que puede implicar una reconversión importante para algunas provincias en términos productivos”, además de ser “un insumo para el sector industrial que puede llegar a generar dólares a la Argentina”.
La voluntad de avanzar en un marco legislativo y productivo se encuentra tanto en las distintas dependencias del gobierno nacional como en el Congreso. Seguramente, el cierre de año traerá novedades respecto a la discusión sobre la industria del cannabis en nuestro país.