Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se organizó el Primer Congreso Internacional “Cannabis y Desarrollo Productivo”. Con cinco paneles que abordaron las experiencias internacionales y nacionales, los conocimientos construidos y los avances legislativos en este aspecto del uso del cannabis, continúa la marcha hacia la próxima etapa de debate, que es la búsqueda de la sanción definitiva del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

El encuentro comenzó con la palabra del ministro Matías Kulfas, quien expresó que el objetivo del congreso “es pensar el futuro de esta industria en Argentina”. Destacó la importancia de que el desarrollo del cannabis y del cáñamo sea “una industria con presencia de cooperativas, de PyMEs, una industria que tenga mucha investigación aplicada”. A su vez, confió en que “es una actividad que genera grandes eslabonamientos tanto hacia atrás como hacia adelante” y puede generar “excelentes oportunidades de desarrollo para la Argentina”.

El primer panel, denominado “Experiencias internacionales”, contó con las exposiciones de Matías Litvak, director de cultivo en la Universidad Bar Ilan de Israel; Diego Olivera, ex secretario general en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay e impulsor de la legalización del cannabis; Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (ASOCOLCANNA) y la Dra. Chanda Macias, CEO en Ilera Holistic, una empresa de cannabis medicinal de Louisana, Estados Unidos y fundadora de Women Grow.

Litvak abordó desde la experiencia en Israel la importancia de la reglamentación en el desarrollo de la industria, teniendo en cuenta sobre todo las regulaciones internacionales si se quiere exportar; así como la rigurosidad para la estabilidad de las genéticas. “Hace 13 años que Israel desarrolla esta industria y aún tiene problemas. Hay que aprender de los errores”, señaló.

Olivera focalizó aspectos de la regulación en Uruguay, como el carácter integral de la legalización (es decir, para todos los usos), con una mirada de salud y derechos humanos, así como una retroalimentación entre el Estado y la sociedad civil. A su vez, expuso resultados tales como la reducción de la economía criminal del cannabis, el no incremento del consumo en adolescentes, la creación de un mercado formal pujante y la atracción de inversiones y generación de empleos. En cuanto a los desafíos, Olivera planteó la necesidad de ser claros en cuanto a la separación de reglas entre cáñamo y cannabis medicinal y mayor equidad en el acceso a oportunidades, entre otros.

Arcila, en tanto, sostuvo que “es muy importante que quienes vayan a entrar a esta industria tengan un plan de negocios muy claro” y describió como “clave” la fuerte articulación que hay en Colombia entre los empresarios y el gobierno. En tercer lugar, el presidente de ASOCOLCANNA aseguró que “tenemos que formar la idea de que América Latina va a ser proveedor de cannabis medicinal como de todos los usos industriales”. Hizo hincapié, también, en la investigación y el desarrollo y en la creación de empleos formales para mejores resultados en la industria.

Macias es la primera mujer en Estados Unidos en obtener licencia para el desarrollo de cannabis de uso médico. Se centró en que los aspectos regulatorios dependen de cada Estado y no en el gobierno federal. Puntualizó como un obstáculo la falta de financiamiento por parte de los bancos: “aún hoy el gobierno federal no permite que la banca comercial otorgue préstamos. Es una industria que solo trabaja en efectivo”.

Quienes participaron del segundo panel, “Cannabis y Desarrollo Productivo” fueron Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP-CONICET); Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y Paula Lanzelotti, Directora Técnica del Laboratorio Melacrom e integrante de Argencann.

López aseguró que el cannabis puede generar impactos sobre diversos ámbitos del desarrollo económico, como la innovación a lo largo de la cadena, el empleo, las inversiones, exportaciones, encadenamientos (maquinarias, servicios, etc.) y movimientos en las economías regionales, entre otros. En cuanto a algunos de los aprendizajes de la experiencia internacional que podría retomar Argentina para el desarrollo de la industria, el Director del IIEP señaló la creación de organismos centralizados y eficientes para la asignación de licencias, que sepan diferenciar las licencias para el cáñamo, el cannabis medicinal y el recreativo, estrategias activas para atraer inversiones y el apoyo a la obtención de certificaciones de buenas prácticas.

Argencann nuclea a más de 120 empresas de diversos tamaños y ocupaciones dentro del sector. Su presidente, Pablo Fazio, afirmó: “siento que en esta industria la innovación y la investigación son centrales”. Detalló el mapa de las amplias etapas y actores involucrados en el sector y se mostró esperanzado en que el desarrollo de la industria permita a nuestro país “exportar tecnología y conocimiento”. A su vez, habló de la Encuesta Nacional de Cannabis realizada por la cámara y expuso resultados que se vinculan a los usos del cannabis en sus tres variantes. Fazio aseguró que los próximos desafíos tienen que ver con la construcción de un marco regulatorio dinámico, velar por la sustentabilidad de la industria, la construcción rápida de un mercado y la creación de productos seguros.

Lanzelotti describió el trabajo de Melacrom en cuanto al control de calidad de alta complejidad tecnológica del cannabis, donde se pueden detectar posibles contaminantes o determinar la estabilidad, entre otros. “Hay que pensar que este tipo de productos agropecuarios se van a apuntar en gran medida a los requerimientos de la industria farmacéutica”, sostuvo.

También se abordaron las experiencias en las provincias argentinas. Allí disertaron Ariel Lucero (CanMe, San Juan), Benjamin Enrici (Agrogenética Riojana), Gastón Morales (Cannava, Jujuy) y Natalia del Cogliano, Directora Nacional de Articulación de Asuntos Productivos con las Provincias.

Enrici destacó el apoyo tanto en lo económico como en la gestión por parte del gobierno nacional. El presidente de la empresa con mayoría de participación estatal explicó que la futura Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) debe ser un organismo de promoción de la industria y no de fiscalización. “El cannabis genera una verdadera alternativa para tener alta rentabilidad en pequeñas superficies, por eso es estratégico”, destacó en referencia al impulso que le puede dar el sector a las economías regionales. El proyecto de La Rioja prevé incorporar pequeños productores bajo la figura de las cooperativas y generar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados.

Lucero, por su parte, indicó que el trabajo impulsado por San Juan se basa en la articulación público-privada y se encuentra cercano a la etapa de siembra. Cuenta actualmente con tres empresas privadas trabajando (dos sanjuaninas y una de capital nacional) y se encuentran evaluando a otras nueve para la licitación. El objetivo es el desarrollo de un polo científico-tecnológico en la provincia. Una parte muy importante que destacó el director de la Sociedad del Estado es la búsqueda del equilibrio entre economía y ambiente.

En su carácter de presidente de Cannava, Morales hizo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso igualitario al cannabis medicinal y en lo valioso que puede ser en términos de salud pública y en términos económicos establecer la cadena de valor en el marco de la producción pública. Informó que actualmente con 35 hectáreas productivas cuentan con más de 100 empleados. En ese marco, los próximos objetivos de la Sociedad del Estado se relacionan con expandirse a 600 hectáreas, donde estiman que podrían generar alrededor de 1500 puestos de trabajo y, en los próximos tres años, ampliar la superficie a 2000 hectáreas les permitirá crear 6 mil puestos de trabajo directos.

Del Cogliano indicó que “estas tres provincias son las más avanzadas del país” y que Argentina tiene fuerte experiencia en el sector agropecuario y que, por tanto, cuenta con el know how para ese desarrollo. Destacó la decisión política de poner en marcha la industria y que, a su vez, esa decisión responde a las demandas del sector.

“Conocimiento y cannabis” fue otro de los espacios de exposición, donde estuvieron presentes Silvia Kochen, coordinadora de la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME - CONICET), Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva y María Apolito, subsecretaria de Economía del Conocimiento. Kochen sostuvo que el desarrollo productivo del cannabis “genera autonomía sanitaria”. A su vez, explicó que se comienza a recabar evidencia del uso medicinal en cada vez más tratamientos, así como científicamente se pudo construir la certeza de que el cannabis medicinal tiene efectos adversos fácilmente reversibles, no genera adicción ni existe dosis letal. Remarcó la importancia de que el INASE pueda avanzar en los relevamientos de semillas nacionales para que la investigación y la producción continúen con mayor celeridad. Y también, lo fundamental que resulta tener productos accesibles.

Salech, en referencia al porqué se cultiva, afirmó que “si esperábamos la ley de producción, íbamos a tener una muy mala calidad de vida” y aseguró que la planta les permitió tener autonomía en cuanto a no tener que esperar a una farmacia, la cronicidad en los tratamientos, la seguridad en relación a la calidad de los productos, la preservación de las genéticas y los costos de acceso. A su vez, habló del rol social que cumple la organización que integra, al brindar información responsable y segura a más de medio millón de seguidores que tienen en redes sociales y también a quienes asisten a talleres, capacitaciones y otros espacios propuestos por Mamá Cultiva. “Fuimos las organizaciones y somos las que nos pusimos al hombro, solidariamente, la demanda de la población que se iba informando”, resaltó y agregó luego que el país se encuentra ante “una oportunidad histórica para un comercio justo y soberano”.

Apolito sostuvo que es necesario “articular saberes, que es distinto de la interdisciplinariedad” y que “debemos tender estas redes de colaboración entre universidades, el mundo productivo y las asociaciones de la sociedad civil para que el conocimiento fluya en un círculo virtuoso”. En cuanto a la ley de economía del conocimiento, la Subsecretaria puntualizó que podrían establecerse regímenes de promoción para la industria del cannabis en ámbitos vinculados a la cadena de valor tales como el software y los servicios informáticos y de comunicaciones; la biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, etcétera; la nanotecnología y la nanociencia; lo referente a bienes y servicios 4.0, como inteligencia artificial, robótica, entre otros; y las actividades vinculadas a la investigación y desarrollo experimental en actividades como ingeniería y ciencias exactas, naturales, agropecuarias o médicas.

Por último, las diputadas nacionales Mara Brawer y Carolina Gaillard, junto con la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Alfredo Luenzo, expusieron sobre los avances legislativos en torno al desarrollo productivo del cannabis. Todos ellos trabajaron conjuntamente para establecer los principales lineamientos en el marco del proyecto que cuenta con media sanción. Los cuatro legisladores del Frente de Todos coincidieron en la necesidad de despenalizar el consumo adulto de cannabis y una regulación por fuera del prohibicionismo.

Luenzo reconoció como “extraordinario” el trabajo de las organizaciones civiles y ahondó en el carácter de orden público del proyecto de ley para la producción. Sobre la posibilidad de vincular un fenómeno de salud pública con el desarrollo económico industrial, el Senador chubutense aseguró que “es un triunfo interesante que tenemos que marcar en este día de reflexiones”. En tanto, estipuló: “es central que las cooperativas y las PyMEs también tengan un lugar en el marco del desarrollo de esta ley“.

A su turno, Gaillard realizó un recorrido por los debates que ha tenido el Congreso desde el 2015, cuando se consideraba al cannabis medicinal como un tema de debate en legislación penal o seguridad y no en salud pública. Señaló que “durante los cuatro años del gobierno anterior no hubo una decisión política de avanzar en la regulación del cannabis, más bien hubo una decisión restrictiva, de obstaculizar cualquier regulación, porque había una política muy fuerte de guerra contra las drogas, una política que ya fracasó en el mundo” y criticó elementos del decreto reglamentario firmado por Macri para la Ley 27350 como la previsión de los tratamientos únicamente para la epilepsia refractaria, la no regulación del autocultivo y de la producción pública para facilitar el acceso. El proyecto de desarrollo productivo “viene a contemplar todo aquello que la Ley 27350 no previó”, aseguró la diputada entrerriana, mientras que remarcó la importancia de quitar al cannabis de la ley de estupefacientes.

Fernández Sagasti consideró que el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial es un gran aporte que se le puede hacer a la transformación de la matriz productiva. “Estoy convencida de que el desarrollo del cannabis debe ser una política de Estado”, enfatizó la Senadora mendocina y agregó: “tenemos la gran oportunidad de hacer un desarrollo productivo federal”. A su vez, detalló las características de los debates en el Senado que decantaron en la media sanción del proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo.

En tanto, Brawer manifestó que “hasta la prohibición, el cáñamo era una agroindustria muy importante” y que la prohibición vino por la famosa “guerra contra las drogas” y el avance de la industria de los sintéticos. Habló sobre las consideraciones legales a nivel internacional sobre el límite de THC, los beneficios y usos de los productos cañameros en cuanto a lo ambiental pero también en la diversidad de elementos que pueden fabricarse con la planta. “Hasta que no se sancione esta ley, no se puede producir cáñamo en Argentina”, marcó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, en referencia a la penalización del cultivo por parte de la última dictadura cívico militar. “El sistema bancario y de seguros argentino tiene que estar adecuado a estos nuevos desafíos”, sostuvo respecto a posibles trabas en el aspecto financiero que el proyecto establece desarticular a través de acuerdos con este sistema. A su vez, señaló que “esta ley es clara no solo en cuanto a las economías regionales, sino también para los pequeños productores y las cooperativas”.