El próximo 2 de junio a las 17 hs, en el marco de la reunión del Consejo Económico y Social, el ministro Matías Kulfas presentará el proyecto “Desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial”, junto con la ministra Carla Vizzotti y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz. La iniciativa de Desarrollo Productivo comprende las etapas de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus derivados medicinales, que incluyen tanto la investigación científica como el uso industrial.

Si bien la denominación del proyecto de la cartera nacional incluye el nombre “cáñamo”, poco se sabe sobre cómo se va a abordar el tema; por ejemplo, si se lo va a homologar en términos regulatorios con la industria del cannabis medicinal. Industria Cannabis dialogó con Diana Barreneche, abogada y presidenta de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo, para un abordaje con mayor profundidad en los aspectos normativos y productivos de la planta.

Barreneche indicó: “no hemos podido conocer el nuevo borrador del proyecto del Ministerio de Desarrollo Productivo, tampoco hemos tenido ningún tipo de contacto”. Indicó que han intentado comunicarse con diversas personas del Ministerio, llegando incluso hasta el propio Matías Kulfas y también con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: “nos parece que el tema cáñamo debe ir regulado por el Ministerio de Agricultura, al ser un producto agrícola más y no un estupefaciente”, subrayó. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.

De acuerdo a esta situación, se vuelve vital la instancia del debate legislativo, donde no solo se pondrá en discusión el proyecto en las cámaras; sino también los actores involucrados en la temática podrán posicionarse con mayores certezas ante la propuesta del Ejecutivo. “En el Congreso, nosotros como Asociación Civil vamos a estar presentes. Por eso estamos esperando al debate legislativo, ver las cosas que se pueden mejorar”, dijo la Presidenta de Proyecto Cáñamo.

En referencia a los últimos datos conocidos sobre la creación de una Agencia reguladora con dos subsistemas para el cannabis medicinal y para el cáñamo, detalló que “si bien lo que se había dicho era que (el desarrollo cañamero) iba a ser un camino diferente dentro de la misma agencia, para nosotros no es necesaria una agencia para el tema cáñamo”. A su vez, resaltó que “su reglamentación no tiene que ser tan burocrática o exhaustiva” en relación al cannabis con fines medicinales.

En este sentido, aseguró que el cannabis psicoactivo y el cáñamo pueden ser regulados dentro de la misma ley, pero deben diferenciarse claramente sus implicancias legales y de fiscalización. “Lo que esperamos es que se haya entendido que el cáñamo es un objeto jurídico diferente al cannabis psicoactivo fiscalizado”, sostuvo Barreneche. En tanto, agregó: “al ser un objeto jurídico diferente, no requiere las exigencias o el nivel de fiscalización que sí requiere el cannabis psicoactivo, cuyo único fin lícito es el medicinal. El cáñamo no es una sustancia fiscalizada a nivel internacional, no es un estupefaciente, por lo tanto no es necesario ese nivel de control. Sí por supuesto debe haber un control, pero más en cuanto a autorización y que en todo momento del desarrollo productivo, desde las semillas y el cultivo tiene que haber un control del nivel de THC”. De acuerdo a lo indicado por fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, el proyecto que presentará Kulfas el próximo miércoles establece un límite de THC del 1%.

En el marco de aquellos puntos relevantes al momento de regular el cáñamo, Barreneche subrayó la importancia de “que se trate como un producto agrícola más”, como la papa o el maíz; y que el cultivo de la planta “entre en el engranaje de todo el desarrollo productivo que ya existe”. En este sentido, puntualizó que “ya está el INASE, el INTA, el INTI, todos los organismos estatales y todo el aparato burocrático” para que el desarrollo cañamero sea un eslabón más de la cadena productiva argentina.

A su vez la Presidenta de Proyecto Cáñamo manifestó que “se necesita una seguridad jurídica, porque si no así ninguna industria va a llegar a ningún lado. Eso va también por el tema de los bancos. Existen créditos para el desarrollo del campo argentino, al ser el cáñamo un producto agrícola más, que entre en ese engranaje”. Y con respecto a eso advirtió que con la planta debe controlarse el porcentaje de psicoactividad siempre, “pero es necesario capacitar a los técnicos, a las diferentes autoridades estatales y organismos con los que se van encontrando en el camino” para un desarrollo eficiente de su producción.

La legislación penal, un aspecto determinante

Uno de los aspectos que más preocupa a la militancia cannábica es lo penal. A pesar de las regulaciones que se fueron dando en lo medicinal, que autorizan el autocultivo con ese fin, diariamente en los medios de comunicación de todo el país pueden leerse noticias donde se detienen a cultivadores y usuarios de cannabis. Y en el marco de la construcción normativa para los usos industriales de la planta, este debate se vuelve fundamental.

En este sentido, Diana Barreneche expresó que lo vinculado al cannabis “toca diferentes aristas, está el tema penal y de derechos humanos en cuanto al consumo y al cultivo para uso personal, que eso tiene que ser sí o sí cambiado mediante una ley penal y en eso la democracia argentina está en deuda de hacerlo, porque van más de 40 años de criminalización de los usuarios y los cultivadores para uso personal. Si no se soluciona la parte penal, que vulnera derechos humanos, hacer que la parte industrial y medicinal sean fuertes es muy difícil porque precisamente no estás generando confianza en los ciudadanos, que son los destinatarios de las políticas públicas y las leyes”.

Además, uno de los grandes pendientes en términos legislativos para el cáñamo es la presencia persistente de la Ley 21671 de la última dictadura cívico-militar, que prohíbe el cultivo de cáñamo en el país. “Ninguno de los proyectos que hemos tenido oportunidad de leer o de trabajar propone la derogación de la Ley 21671 de 1977”, indicó la abogada. Si bien aseveró que debería derogarse en su totalidad, también podría eliminarse de esa ley la palabra cáñamo. “Esto nos afecta a los cañameros”, puntualizó.

La agenda mediática y la agenda de los productores

Un tema que Proyecto Cáñamo aborda de manera muy fuerte es el análisis sobre la presencia de la temática en los medios de comunicación y el abordaje que los mismos hacen, en muchas ocasiones, desinformando. “Es bastante claro que el interés es por lo medicinal y al cáñamo se lo deja de lado. Generalmente, muy poco se conoce al respecto”, afirmó Barreneche.

“Por supuesto que el tema medicinal genera una urgencia, porque van cuatro años de una ley muy acotada, muy restrictiva, que si bien el decreto y las resoluciones nuevas ampliaron los sujetos y demás, todavía sigue faltando muchísimo. Pero no pueden ir más allá de lo que la misma ley estipula”, agregó.

A su vez, enfatizó en que “se necesita más educación y más información respecto del tema cáñamo”, tanto para los funcionarios, la sociedad civil, los empresarios, y las familias en general. Y detalló que “cuando empezamos a hablar, incluso con personas mayores, entienden más fácilmente la distinción con el tema cáñamo porque se acuerdan de las alpargatas y de diversos productos y por eso les suena este nombre”.

Consultada sobre la situación de quienes actualmente producen con cáñamo en el país, Barreneche sostuvo que “es bastante ineficiente que para hacer un producto de cáñamo con valor agregado en el país se tenga que importar la materia prima, cuando perfectamente se puede cultivar acá. Se pueden reactivar polos industriales que están frenados o que han caído en desuso con la pandemia o incluso antes”. En ese marco, señaló que si ya se está autorizando lo medicinal, que es mucho más restrictivo, se podría sin problemas regular la producción del cáñamo en Argentina.