A través de la Resolución 140/2021, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación solicitó al Instituto Nacional de Semillas (INASE) el relevamiento de la genética nacional de la especie Cannabis sativa L. El escrito firmado por el ministro Luis Basterra también autoriza al organismo “a suscribir convenios con organismos tecnológicos y de investigación para la evaluación de las calidades de las semillas identificadas”.

Las tareas que deberá desarrollar el INASE para este relevamiento se enfocan en la identificación y caracterización de las variedades, junto con la creación de un registro en caso de corresponder. En sus considerandos, el documento enmarca la decisión en el debate legislativo del proyecto para regular la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, que ya cuenta con media sanción del Senado. Cabe recordar que uno de los mayores puntos focales de la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo es la trazabilidad de los productos, cuyas condiciones para garantizarla son reguladas por el organismo descentralizado.

Mientras el proyecto aguarda la continuación de su trámite en la Cámara de Diputados, es importante mirar el contexto: el receso invernal y la campaña de cara a las elecciones legislativas podría retrasar la sanción completa de la ley. Por ese motivo, la estrategia gubernamental se basa en adelantar posibles pasos para delinear las diversas aristas que conformarán la reglamentación.

Esta postura se reafirma en los considerandos de la Resolución, que sostienen que la prohibición del cultivo “ha traído como consecuencia la no existencia en el país de genética registrada y/o certificada, que resulta necesaria y es la base fundamental del desarrollo de la agroindustria relacionada” y que “las acciones de relevamiento y caracterización de la genética existente en el país, así como su registro, y análisis de las capacidades y/o calidades de las semillas identificadas, es un trabajo de investigación cuyo desarrollo puede demorar un tiempo prudencial, siendo aconsejable comenzar, lo antes posible, las tareas relativas a su cumplimiento”.

A su vez, se destacan dos hechos puntuales que ha protagonizado Agricultura en cuanto a su intervención en el sector del cannabis. El primero es la firma de la Resolución Conjunta con el Ministerio de Salud, que autoriza la inscripción de cultivares de cannabis permitidos en el marco de la Ley 27350 y el Decreto 883/2021 en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. El segundo es la creación de la Comisión Consultiva de Cannabis (CCC) en el INASE, que investiga aspectos vinculados con la genética de las semillas y se encuentra conformada por universidades y otras instituciones científico tecnológicas.

La Resolución subraya la “alta adaptabilidad ambiental” del cultivo de cannabis, que podría potenciar “el desarrollo regional y la reconversión de sectores productivos, especialmente de pequeños y medianos productores y agricultores de la agricultura familiar, campesina e indígena”.