En una decisión que podría marcar un antes y después en la industria del cannabis, la Administración de Joe Biden está considerando una propuesta de la DEA para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa en Estados Unidos. Este cambio regulatorio, aunque no implica una despenalización completa, podría allanar el camino para importantes reformas económicas y legales en el mercado del cannabis, valorado en 30.000 millones de dólares.

La iniciativa, que aún se encuentra bajo estudio de la Casa Blanca, sugiere mover la marihuana del "Anexo I", que agrupa a las sustancias consideradas más peligrosas y sin uso médico aceptado, al "Anexo III", que incluye a aquellos compuestos con menor riesgo y algunos usos médicos permitidos. Este cambio no solo simboliza un avance significativo en la reforma de las políticas sobre drogas en Estados Unidos, sino que también podría tener un impacto considerable en cómo opera la industria del cannabis a nivel federal.

Los estados de Estados Unidos se encuentran divididos con respecto a las políticas sobre el cannabis. Mientras que 38 estados permiten su venta para uso medicinal, 24 de ellos también han legalizado el comercio recreativo de la planta.

Uno de los beneficios más destacados de este cambio sería la reducción en la carga tributaria para los dispensarios de cannabis. Actualmente, debido a su clasificación en el Anexo I, estos negocios no pueden deducir gastos como rentas o nóminas, lo que les impone pagar impuestos federales de hasta el 70% sobre sus ingresos. Al reclasificar la marihuana en una categoría con menos restricciones, los dispensarios podrían ver una significativa disminución en sus obligaciones fiscales.

La medida también refleja un cambio en la estrategia de la conocida "Guerra contra las Drogas", una política que ha durado más de medio siglo con efectos globales profundos. Además, sigue al gesto de Biden en octubre de 2022, cuando perdonó las condenas federales leves por posesión de marihuana, beneficiando a miles y marcando un paso hacia la eliminación de las barreras impuestas por antecedentes penales en áreas como empleo y educación.

Este potencial cambio en la legislación estadounidense podría servir como un punto de referencia importante para Argentina y otros países en el desarrollo de sus propias políticas sobre cannabis y cáñamo, abriendo la posibilidad de reevaluar las regulaciones y fomentar el crecimiento de la industria a nivel local e internacional.