La industria del cáñamo en los Estados Unidos se encuentra en franco ascenso. Ese crecimiento, sin embargo, debe tener un correlato con una correcta aplicación de las legislaciones vigentes para su pleno desarrollo. ¿Cuál es el panorama que se abre en el país norteamericano con el recambio político?
El estado actual del mercado de cannabis en Estados Unidos es promisorio para el futuro, con desafíos concretos para el presente. Según un informe de Brightfield Group, se espera que el mercado de productos derivados de cáñamo en ese país alcance la suma de 23.7 mil millones de dólares para el año 2023. Actualmente, se encuentra en un valor de 5 mil millones de dólares. El crecimiento de las hectáreas cultivadas con cáñamo en Estados Unidos ha sido exponencial. Durante el año 2019, se cultivaron aproximadamente 121 mil hectáreas. Se espera que la producción siga en aumento debido a la aprobación de la Ley Agrícola de 2018 en ese país, que legalizó el cáñamo a nivel federal, además de la expansión de los programas estatales destinados al impulso del cáñamo industrial y el potencial de ganancias que este cultivo genera.
La historia legislativa del cáñamo industrial en Estados Unidos viene desde un poco más atrás en el tiempo. Más precisamente de la Ley Agrícola de 2014, que definió el cáñamo industrial e introdujo la producción nacional. La diferencia con la Ley Agrícola de 2018, una regulación de reforma del cannabis en ese país, tiene que ver con el cultivo de cáñamo destinado ampliamente a lo comercial, no solo programas piloto para ver el interés de mercado en los productos de cáñamo.
La Ley de 2018 “permitió explícitamente la transferencia de productos derivados del cáñamo a través de las líneas estatales para fines comerciales u otros. Tampoco impone restricciones a la venta, el transporte o la posesión de productos derivados del cáñamo, siempre que esos artículos se produzcan de manera compatible con la ley”, según afirma Hoban Law Group (HLG), un buffet de abogados de la industria del cannabis que atiende tanto a la industria regulada de la marihuana como a la industria del cáñamo industrial y se encuentra brindando servicios profesionales a la industria desde el año 2009.
Otra definición que marcan desde este grupo de abogados es que la Ley Agrícola 2018 “le otorgó expresamente autoridad reguladora sobre estos productos (destinados al consumo humano o animal) a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Hasta la fecha, la FDA aún no ha promulgado normas relativas a los derivados del cáñamo, como el CBD, pero se anticipa que las Reglas Finales se implementarán en 2021. La falta de registro o reglas no significa que los productos de cáñamo sean ilegales; simplemente no están específicamente regulados por la FDA”.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), según HLG, “confundió aún más las cosas al tomar medidas directamente en contra de la Ley Agrícola de 2014 al mantener la retórica de que todo el cannabis, incluido el cáñamo industrial, seguía estando prohibido por la ley federal”. Esto, en otras palabras, afectó a la industria porque ralentizó o puso trabas por desconocimiento al transporte interestatal de cáñamo cultivado legalmente, al funcionamiento de las instalaciones legales de procesamiento de cáñamo, además de incautaciones de materiales y derivados de cáñamo que no correspondían realizarse según el marco legal vigente.
En este sentido, es fundamental que en Estados Unidos comience a dirimirse la diferencia entre cáñamo industrial, completamente legal, y estupefacientes. Como puede observarse, un marco regulatorio no es suficiente si esas reglas no se clarifican en los actores del Estado que intervienen en ese sector y, más precisamente, en la capacitación de sus agentes. “La mayoría de estas incautaciones tenían que ver con la confusa aplicación de la ley, que no conocía el Proyecto de Ley Agrícola de los EE. UU. y sus implicaciones para el cáñamo industrial, o que estaban mal preparados para encontrar un camión cargado de material vegetal que se ve y huele prácticamente idéntico a la marihuana”, expresa HLG sobre diversos actos policiales en este marco.
El mismo grupo de abogados manifiesta que “actualmente no existe una prueba de campo estandarizada, ni una prueba química para que la policía analice y determine rápidamente el contenido de THC del material vegetal”. Asimismo, remarcan la importancia de la espectroscopía infrarroja, para determinar rápidamente el contenido de THC, debido a que en la actualidad las fuerzas de seguridad solo detectan “la mera presencia de THC, que es demasiado imprecisa cuando se trata de la legalidad medida en décimas de porcentaje”.
El panorama que se abre a corto plazo, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, estará estrechamente vinculado con los planteos que durante la campaña ha realizado el Presidente electo por el Partido Demócrata. En la plataforma electoral, la fórmula Biden-Harris apoya la despenalización y legalización de la marihuana para uso medicinal a nivel federal. Es importante puntualizar que, a su vez, se plantea dejar la legalización de la marihuana para uso recreativo como un aspecto que cada estado del país norteamericano deba evaluar y decidir autónomamente.
Cabe destacar que las acciones de empresas del sector cannábico han tenido un gran ascenso en el mercado en los días previos a la confirmación oficial de que Joe Biden sería el 46° Presidente de los Estados Unidos. Un caso resonante es el de Aurora Cannabis, empresa que entre el 5 y 6 de noviembre tuvo un alza del 119%, mientras que las acciones de Tilray lo hicieron en el orden del 60,5%. En tanto, Canopy Growth, experimentó una suba en sus acciones del 23,68% en el mismo período, ante la inminente noticia de que Biden ganaría las elecciones.
Esta suba puede explicarse como una respuesta a la posición de los demócratas mencionada anteriormente; pero también como el horizonte de que la nueva administración, finalmente, permita el avance de la ley de regulación de servicios bancarios para las empresas del sector cannábico, que actualmente tiene media sanción. Será fundamental el rol que juegue el Senado estadounidense para sellar un camino hacia una regulación integral del sector cannábico.