En virtud de los planteos introducidos por los abogados defensores Adrian Daniel Albor y Leandro Moscovich, en un fallo que refuerza la importancia del marco regulatorio para el Cannabis en Argentina, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el levantamiento de la clausura de la Distribuidora 14 22, ubicada en el barrio de Boedo, y dispuso la devolución de toda la mercadería incautada, incluyendo plantas y semillas.

El establecimiento, dirigido por Leandro Ayala –presidente de la Confederación Cannábica Argentina– fue allanado en un operativo policial, pero la resolución judicial confirmó que la distribuidora contaba con todos los permisos en regla, tanto la habilitación municipal como las autorizaciones del INASE para el cultivo.

El juez a cargo del caso determinó que, al cumplir con los requisitos legales, Ayala podrá retomar sus actividades de comercialización y producción sin restricciones.

"Este fallo demuestra que, cuando se actúa dentro de la ley, el Estado debe respetar y garantizar los derechos de los emprendimientos cannábicos", señaló Ayala, quien también es un referente en la lucha por la regulación del cannabis en Argentina.

Legalidad y futuro del sector

La Distribuidora 14 22 es un caso emblemático en el país, ya que cuenta con autorización para la venta de insumos de cultivo (como macetas, carpas de indoor y fertilizantes) y parafernalia, así como para la producción de plantas bajo los permisos correspondientes.

Según refieren los abogados Albor&Moscovich, este fallo sienta un precedente importante para otros comercios y productores cannábicos, destacando la necesidad de claridad normativa y el respeto a los emprendimientos que operan dentro de la legalidad.