El decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez reglamenta la ley provincial enfocada en garantizar la trazabilidad de los productos, en la creación de nuevos puestos de trabajo y en el desarrollo de las distintas etapas de la cadena de valor.
A través del decreto 160 publicado en el Boletín Oficial de esa provincia, Mendoza reglamentó su ley sobre el cultivo de cannabis para uso medicinal. Desde diciembre de 2020, cuando su Legislatura adhirió a la ley 27350 y hasta este momento, la provincia trabajó en establecer los lineamientos de un rubro que puede sumar a su matriz productiva.
Un aspecto que destaca la legislación mendocina es que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía y se enfoca en la investigación, regulación, control y funcionamiento productivo del cannabis medicinal. Es, hasta el momento, la única provincia argentina que definió su marco legal desde ese punto de vista. Aunque no hay que perder la mirada sobre la garantía de acceso legal y seguro a quienes realizan tratamientos con cannabis o derivados.
El modelo mendocino, a diferencia de otras provincias que forman Sociedades del Estado, fomenta de lleno las inversiones privadas mientras el gobierno otorga licencias y regula a través del organismo de control. El objetivo del gobierno provincial es que el ciclo económico completo se produzca en la provincia, desde el cultivo hasta el aceite de cannabis.
Uno de los ejes principales en ese control de toda la cadena de valor tiene que ver con la trazabilidad de los productos, donde existan buenas prácticas de manufactura. Cualquier actor o empresa del sector privado puede participar de la producción de cannabis para los fines previstos en la ley y cumpliendo con todos los requisitos que se exigen. “Las empresas que quieran participar de este mercado deberán someterse a regulaciones”, expresó Marcelo Japaz, el coordinador general del Ministerio de Economía, en declaraciones a MDZ radio.
El mencionado Ministerio creará la Unidad de Control de Cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o científicos, que tendrá la facultad de redactar protocolos, instructivos y normas de actuación obligatorias para todos los proyectos productivos que se realicen en Mendoza.
En el caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos, se sancionará y retirará la licencia para comercializar el producto. “Ningún laboratorio que pretenda comercializar productos de grado medicinal para consumo humano va a incorporar dentro de su cadena de suministros a alguien que no esté en condiciones de demostrar que cumple con todos los estándares”, dijo Japaz.
De esta manera, Mendoza se suma a las provincias que ya se encuentran desarrollando proyectos productivos vinculados al cannabis para la salud. En la actualidad, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro se encaminan a formar parte de esa lista, esperando una sanción definitiva del marco regulatorio.