El Poder Legislativo del país vecino convocó a diversos actores vinculados a la producción de cannabis para confeccionar un proyecto de ley. El protagonismo de los agricultores familiares y la garantía de acceso al cannabis medicinal, los puntos centrales.
El debate sobre los usos del cannabis ocupa las agendas legislativas en Sudamérica. En este caso, el Congreso Nacional de Paraguay realizó la primera Conferencia Internacional sobre el Cannabis Industrial con el objetivo de conformar una mesa de trabajo público-privada que elabore una propuesta normativa en un plazo no mayor a 60 días.
Fernando Lugo, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, sostuvo que el encuentro busca demostrar la importancia de establecer un modelo innovador, que sea favorable en la transformación de la medicina y en el aporte a la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, citó el ejemplo de lo ocurrido en Uruguay con la legalización del cannabis de uso adulto, experiencia en la región que calificó como positiva. El legislador aseguró que "la aprobación de la ley del cannabis y del usufructo con libertad, ha sido un gran golpe al narcotráfico".
En tanto, el senador Hugo Richer marcó como uno de los objetivos del encuentro el avance con todos los sectores para generar mano de obra y fortalecer la agricultura familiar campesina como actor económico. "El Congreso Nacional abre sus puertas para una planificación en el uso integral y controlado del cannabis medicinal, en favor fundamentalmente de la salud y de la economía de la población", puntualizó.
Con relación a este aspecto, uno de los ejes que hace años atraviesa la discusión sobre políticas en torno al cannabis en Paraguay es el de la agricultura familiar campesina. Las organizaciones y cámaras cannábicas sostienen que el gobierno obstaculiza el desarrollo del sector con una fuerte burocracia y consideran que el trato es muy desigual con respecto a grandes empresas. Se pueden observar estas cuestiones en el cultivo de cáñamo, declarado de interés nacional y fuente de exportaciones, pero con poca presencia de los agricultores y un mercado concentrado en pocas manos.
En materia de salud, las organizaciones campesinas reclaman poder cultivar cannabis y producir derivados medicinales. "Existe un derecho establecido por ley de acceder a medicina cannábica de forma gratuita. Eso no se está cumpliendo y no podemos dejar de tener en la mira la necesidad de miles de personas que necesitan el aceite", remarcó Juan Cabezudo, un activista y cultivador que fue detenido en 2021 por producir aceite medicinal.
En los próximos debates organizados por el Congreso para avanzar con las regulaciones también participarán especialistas como Sergio Vázquez, del Ministerio de Agricultura y Pesca de Uruguay; Pilar Milesi, especialista uruguaya y asesora de la Cooperativa Agronorte; Mercedes Ponce de León, empresaria y pionera del cultivo de cannabis en Uruguay; Augusto Vitale, consultor y primer director del Instituto de Regulación y Control de Cannabis del Uruguay; y Francisney Nascimento, PHD en farmacología y jefe de investigaciones de la Universidad Unila, de Brasil.