La iniciativa pone el foco en el avance en tratamientos para los pacientes que padecen Cáncer, Autismo, Alzheimer, Parkinson, entre otras enfermedades y busca impulsar la investigación en el país.
“Creemos que es un avance importantísimo en la sociedad boliviana sobre todo para los pacientes con cáncer, autismo, alzheimer y parkinson. Hay efectos altamente positivos, comprobados científicamente y todos los demás países de la región ya han aprobado el uso medicinal y terapéutico”, expresó Andrea Barrientos, jefa de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores de Bolivia, tras presentar el proyecto de “Ley De Implementación Del Cannabis Y Sus Derivados Para Uso Medicinal Y Terapéutico”.
La legisladora subrayó que esa industria mueve más de 90 millones de dólares al año y destacó que “Bolivia tiene una gran oportunidad en esta industria y la industria del cáñamo que es la planta en sí, eso genera otra buena cantidad de plata; entonces, es una buena oportunidad para los bolivianos que quieran dedicarse a este tipo de industria”.
En tanto, el proyecto de Ley en su artículo 2 plantea la creación del “Registro del uso del cannabis para los tratamientos de patologías médicas, trastornos mentales y psicológicos”, con el fin de identificar el tipo de enfermedad que puede ser tratado con marihuana medicinal.
Además, propone que el Ministerio de Salud, en coordinación con las universidades públicas y privadas, colegios médicos y la sociedad civil, realice estudios científicos para evaluar las patologías médicas, trastornos mentales y psicológicos que reciban tratamiento con cannabis medicinal.
Sugiere la creación del “Consejo Nacional para el Impulso y Regulación del Cannabis” conformado por los ministerios de Salud, Gobierno, Desarrollo Productivo y Economía Plural y representantes de la sociedad civil.
Recordemos que La Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas prohíbe el uso del cannabis y otras sustancias controladas en Bolivia. La misma fija cárcel de 1 a 2 años para quienes planten sustancias controladas; de 5 a 15 años para los que fabriquen; de 10 a 25 para los que cometan tráfico; de 10 a 15 años para los que la administren y de 8 a 12 para los que las suministren. La legisladora espera que el Legislativo apruebe esta propuesta.