Mediante una notificación a sus fuerzas, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostiene que se debe “evitar el inicio de procesos improductivos que contradigan los derechos de los pacientes”. Entretanto, aproximadamente 500 bonaerenses se encuentran detenidos por cultivar, muchos de ellos con causas penales y el proyecto provincial de cannabis medicinal aún sigue pendiente de debate legislativo.
A través del Volante U.T.O.I.D.O.E. 18/21, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispone que no se iniciarán acciones legales a aquellas personas inscriptas en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Si bien es un elemento que se considera en los avances que se dieron en torno a la Ley 27350, es sabido que esto era una deuda pendiente en cuanto a una correcta aplicación de la normativa.
De esta manera, el ministerio bonaerense fija que los oficiales de las fuerzas de seguridad deben notificar al personal bajo su mando que “la acreditación de la inscripción en el REPROCANN por parte de las personas o entidades autorizadas es requisito suficiente para no iniciar actuaciones judiciales por la infracción a la Ley 23.737”. Cabe recordar que esta ley establece el régimen legal para el uso de estupefacientes en el marco del Código Penal.
El documento emitido por el Ministerio de Seguridad bonaerense resalta que debe evitarse “el inicio de procesos improductivos que contradigan los derechos de los pacientes que lo utilizan y generan incertidumbre sobre el marco normativo vigente”.
El Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses consideró la notificación provincial como una “excelente noticia”, al mismo tiempo que remarcó: “ahora falta que esto mismo suceda en el Poder Judicial. Sabemos que seguridad procede a pedido del juez de turno. Es hora de hacer las cosas bien y de una sola vez”.
A pesar de su puesta en marcha a partir del 12 de marzo pasado, el REPROCANN ha tardado con relación al Decreto reglamentario 883/2020 de la Ley 27350, firmado en noviembre. En este sentido, las detenciones a cultivadores no han cesado y, en muchos casos, afrontan causas penales. En la provincia de Buenos Aires, alrededor de 500 personas se encuentran detenidas por uso y cultivo de cannabis. El movimiento cannábico continúa luchando y visibilizando estas cuestiones, solicitando medidas que generen mayor claridad y seguridad jurídica para quienes cultivan cannabis con fines terapéuticos.
En este marco, es importante subrayar que aún se encuentra pendiente en el debate legislativo bonaerense el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ya fue presentado por la ministra de Gobierno Teresa García y por el ministro de Salud Daniel Gollán. El texto cuenta con un dictamen de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero todavía no ha llegado al recinto. La iniciativa prevé la creación de la Agencia Provincial del Cannabis y un registro provincial para usuarios y cultivadores.
Uno de los elementos que sin duda contribuirá a regulaciones mucho más justas para quienes de distintas formas se vinculan a la planta de cannabis para su uso medicinal es la presencia de agrupaciones y organizaciones en el debate legislativo. En un contexto nacional que encuentra muchos avances, la provincia de Buenos Aires se debe una ley provincial completa e integral.