El economista de 62 años electo en el balotaje del último domingo tiene en carpeta el desarrollo de la industria del cannabis medicinal e industrial, y además se ha manifestado en contra del prohibicionismo. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez apoyó la producción de cannabis de comunidades locales y cuestionó que las licencias fueron otorgadas a grandes empresas extranjeras.
La victoria electoral en Colombia el último domingo del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sacudió a la política latinoamericana ya que se trata del primer gobierno de izquierda en la historia de ese país. De este modo, Colombia se adentra en un nuevo periodo político luego de la derrota de los partidos tradicionales en primera vuelta. Dentro de su programa económico, una de las preguntas que se abre es qué lugar tendrá la industria del cannabis una vez que asuma el próximo 7 de agosto.
En el marco de la campaña política que lo llevó a ganar el balotaje frente al empresario Rodolfo Hernández, en los últimos meses Petro se refirió al cannabis en distintas entrevistas e incluso este tema fue parte del programa de gobierno que expuso ante el electorado.
En marzo fue contundente a la hora de manifestarse sobre la clandestinidad de la planta. “El tema de la marihuana me parece una estupidez mantenerlo en la clandestinidad”, dijo al medio colombiano Semana. En esa entrevista también denunció: “Los familiares de expresidentes hacen negocios de exportación de marihuana legal y, en cambio, le echan bombas a los campesinos y a sus hijos que producen marihuana en el Cauca”.
En esa línea agregó: “La posibilidad de exportación legal de marihuana con fines recreativos y medicinales que se da a través de licencias del gobierno nacional tiene como beneficiarios a amigos del poder político en Colombia”. “Si Colombia no se pone pilas va a perder el negocio”, remató el economista.
También se encuentran expresiones suyas previas al último escenario electoral colombiano, donde también cuestionó la prohibición y su impacto en los jóvenes en un país atravesado por el narcotráfico. “Como el alcohol y el cigarrillo. Más peligroso para niños y jóvenes que la marihuana sea ilegal, a que sea legal”, tuiteó el 4 de noviembre de 2020.
A su vez, en una entrevista de preguntas y respuestas cortas por la red social Tik Tok, consultado si estaba a favor de la legalización del cannabis y su regulación, contestó afirmativamente y agregó que también impulsará la exportación.
En el plano económico, en su programa de gobierno Petro propuso superar el modelo extractivista actual para avanzar a una economía productiva, donde uno de sus ejes sea el cuidado del medio ambiente. Para esto apunta a ampliar el uso de energías limpias y dejar atrás la dependencia de la explotación petrolera. En ese marco, Petro mencionó el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del turismo para generar mayores ingresos de divisas.
Medios colombianos señalaron que el senador de 62 años está a favor de utilizar el cannabis para el uso industrial, recreativo y medicinal, pero rechaza cualquier tipo de legalización cuando se habla de cocaína.
Además, uno de sus planes con el cannabis es la implementación de modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos agrícolas derivados de las hojas de coca y de cannabis.
Qué piensa la vicepresidenta electa, Francia Márquez
La compañera de fórmula, la primera de origen afrodescendiente en la historia del país, es defensora de los derechos humanos, abogada de causas sociales y cuenta con una historia de militancia contra el extractivismo de la minería.
En un hilo de Twitter del 8 de noviembre de 2021 planteó un “cambio de rumbo en la política de drogas para Colombia” que permita pasar de la guerra contra las drogas a una basada en los Derechos Humanos. “La actual política ha significado muertos, criminalización y estigmatización para las comunidades más empobrecidas y racializadas en los territorios”, advirtió.
Márquez enfatizó que el prohibicionismo dañó el medioambiente, benefició a “políticos inescrupulosos” y a los “carteles” de la mafia. Como contrapartida, propuso que “el país asuma la regulación de todas las sustancias. Regulación de la producción, comercialización y consumo, con enfoques de justicia económica, climática, racial y de género”.
En el caso particular del cannabis, reconoció los avances normativos con el actual gobierno de Iván Duque pero cuestionó que las licencias fueron otorgadas a grandes empresas extranjeras, mientras quedaron relegadas las comunidades locales. “Las licencias se le han entregado a empresas extranjeras, grandes capitales, mientras que las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y las mujeres víctimas del narcotráfico y de la política antidrogas se les sigue tratando como criminales”, denunció Márquez.