Continúa el debate en el Senado sobre la iniciativa para regular la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en la Argentina y se acerca la discusión del proyecto de ley en el pleno. Tanto el pasado viernes como este lunes, las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico se reunieron para escuchar las alocuciones de un total de 28 personas ligadas a la temática. Se decidió realizar un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 11 hs, donde consensuarán los elementos planteados en estas jornadas para firmar un dictamen que propicie el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta.

Los principales ejes de las presentaciones tanto del viernes como del lunes fueron el pedido de mayor presencia de las provincias en la aplicación de la ley, la consolidación de la perspectiva de género, el énfasis en la importancia del recorrido de investigación y producción que tiene la Argentina en este marco, aspectos agronómicos y productivos de las plantas de cannabis y de cáñamo, la incorporación de las asociaciones civiles en instancias de reglamentación y elementos jurídicos, sobre todo penales, que se desprenden del tema, entre otros.

Silvia Kochen, de la Red de Cannabis Medicinal (RACME - CONICET), afirmó que “hoy hay millones de habitantes de nuestro país que utilizan cannabis como alternativa terapéutica y no cuentan con las garantías de tener un producto de calidad”. A la vez, aseguró que es necesario “establecer la categoría de uso medicinal en humanos que no esté limitado al grado farmacéutico”. Desde la RACME, la investigadora propuso que el CONICET participe del Directorio de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), así como también pueda crearse en ese marco un área de investigación y se pueda otorgar desde allí un presupuesto para ese fin.

Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis (Argencann), se refirió a los distintos proyectos que tienen desarrollo en el país y sostuvo que “expresamos una realidad palpable y no simplemente una situación potencial”, con un fuerte hincapié en el rol de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el emprendedor advirtió que debe evitarse un desarrollo industrial dependiente de la importación y el fraccionamiento de principios activos desde el exterior: “si habilitamos ese camino vamos a frustrar, antes de empezar, el desarrollo de todos los encadenamientos productivos que esta ley pretende generar”.

Un aspecto a destacar del texto de la normativa es que se encuentra atravesado por la perspectiva de género, como lo ha expresado el propio Matías Kulfas. Gabriela Cancellaro, integrante de Mamá Cultiva, propuso la incorporación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como “garantes del cumplimiento de esa perspectiva” en el contexto de la ARICCAME; en tanto que Nadia Podsiadlo, de Feministas Cannábicas Córdoba, resaltó la importancia de que la futura ley garantice la igualdad en el acceso para las distintas etapas de la cadena productiva. A su vez, advirtió sobre la Ley 27350 y la Ley 23737 que “ambas no pueden coexistir en un mismo sistema penal”.

Otro punto que ha tenido fuerte impronta es la búsqueda de mayor protagonismo por parte de las provincias en el proyecto de ley. Intervenciones como las de Roberto Correa, presidente de CanMe San Juan; Marcelo Japaz, Ministro de Economía de Mendoza y Gastón Morales, presidente de la empresa estatal jujeña Cannava S. E., se han volcado por resaltar la importancia de que esté prevista la creación de un Consejo Federal al momento de la reglamentación de la ley. “Entendemos que se tiene que otorgar la facultad expresamente a las provincias para emitir autorizaciones, para llevar adelante el control en cuanto al emplazamiento de proyectos dentro de las jurisdicciones locales, siguiendo los lineamientos y los ejes que se definan desde la agencia nacional”, sostuvo Morales.

Diana Barreneche, presidenta de Proyecto Cáñamo Argentina, opinó que para el desarrollo de una industria a largo plazo “es necesario que haya una coherencia en todo el ordenamiento legislativo” y remarcó la importancia de las diferencias entre cannabis psicoactivo y cáñamo de acuerdo a las convenciones internacionales y sus regulaciones. Clara Olmedo, integrante de la Asamblea El Retamo de Nonogasta, indicó que “el cáñamo supone un cambio de paradigma que nos exige el cambio climático y los desastres ambientales”, en referencia al proyecto que hay para revertir la fuerte contaminación en esa localidad riojana.

Pablo Oviedo, presidente de la Asociación Cannábica Correntina, propuso que las pequeñas empresas, cooperativas y economías regionales tengan el 60% del cupo de licencias y que las asociaciones civiles, cooperativas y tiendas de cultivo cuenten con autorización de expendio de semillas y aceites de cannabis y derivados. A su vez, subrayó la importancia de desarrollar cultivos sustentables “que tengan un equilibrio entre la producción, la rentabilidad y, sobre todo, el cuidado ambiental”.

María Victoria Baca Paunero, abogada e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (CECCa) resaltó que “la inclusión de normativas penales que ya existen en otras leyes lo único que haría es ir en contra de los propios objetivos de esta ley”, argumentando que en el Artículo 2 realiza “de forma innecesaria” una definición de estupefaciente distinta a la que se encuentra en el Código Penal. Su propuesta fue la de modificar ese artículo y remitirse al Código Penal de forma directa. Asimismo, señaló un error en el último párrafo del Artículo 14 que involucra al Ministerio Público Fiscal en sanciones administrativas, cuando su competencia es en lo penal.

Gabriela Calzolari, de la Asociación Civil Ciencia Sativa, consideró fundamental que se establezca en la normativa un Consejo Consultivo Honorario integrado por las asociaciones civiles o que se las incluya en un Consejo Federal para la reglamentación y aplicación de la ley, tal como sucede con la Ley 27350.

Estas propuestas y argumentos serán evaluados por senadores de las tres comisiones hasta el próximo miércoles 7 de julio a las 11 horas, cuando nuevamente se reúnan en plenario para consensuar aquellas modificaciones que se han manifestado y darles forma en el proyecto. El objetivo es la firma del dictamen que brindará la posibilidad de buscar, la semana que viene, la media sanción de la normativa que regulará a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.